Parece ser que ZeC está revisando todo.. que obviamente, no está mal... Según publica EPA, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado hoy revisar los precios por kilómetro en las líneas de transporte público a los barrios rurales de Movera y San Juan de Mozarrifar y a la Ciudad del Transporte, que llevaban "congelados" e "impagados" desde 2013.
La situación actual, según ha indicado en rueda de prensa la concejala responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, afectaba de modo "muy traumático" a los trabajadores de las empresas concesionarias, que veían cerca la posibilidad de expedientes de regulación.
En otro orden de cosas, ha informado de que se ha dado luz verde a que los taxis ocupados puedan girar a la izquierda desde la calle Lagasca a la Gran Vía, previamente a la instalación de un semáforo en dicha intersección.
Asimismo, también se permitirá este mismo giro a los taxis ocupados, pero fuera de los horarios de circulación del tranvía, desde Corona de Aragón y Mariano Barbasán a Fernando el Católico, desde la Avenida Goya a Gran Vía y desde Pérez Anglada a Fernando el Católico, este último con posibilidad de que se permita durante todo el día en el futuro.
De este modo, se da respuesta a las reivindicaciones del colectivo y ponen en valor al taxi como "un transporte público más".
Por último, el Gobierno de la ciudad ha quedado enterado del informe sobre la lesividad en el pago de 2 millones de euros a Auzsa para pagar despidos efectuado por la corporación anterior.
Sin entrar a comentar el informe, elaborado por los servicios municipales, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha considerado que dicha decisión fue "errónea" desde el punto de vista técnico y, además, supuso "un ataque a la clase trabajadora" al pagar con dinero público despidos privados.
A este respecto, Cubero ha instado a ser "muy cautelosos" hasta que el juicio se celebre, ya que ya hay un proceso abierto por una querella criminal presentada por el sindicato Somos.
Para que el Consistorio se persone en un contencioso-administrativo lo tendría que aprobar el Pleno, informe de lesividad en mano, ha señalado.
Por su parte, el portavoz municipal, Fernando Rivarés, ha separado la parte jurídica, que la determinará el juez, de la política.
En el aspecto político, ha tachado de "bastante obsceno" que, tres semanas después de las elecciones municipales y a solo 48 horas de la investidura de Pedro Santisteve, se reuniera de urgencia parte del Gobierno saliente para aprobar este pago.
Rivarés se ha preguntado cuál era la urgencia, el temor y la razón verdadera para tomar esa decisión en ese momento y ha acusado al anterior Gobierno socialista de intentar ocultar el verdadero sentido de los nuevos pliegos del transporte público, que suponían menos líneas, menos servicio y despidos, que luego tuvieron que ser readmitidos por decisión judicial.
Sobre la inclusión de altos funcionarios del Ayuntamiento en el proceso abierto ha manifestado que no tienen que tomar ninguna decisión al respecto hasta que no haya ninguna acusación pública.
La situación actual, según ha indicado en rueda de prensa la concejala responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, afectaba de modo "muy traumático" a los trabajadores de las empresas concesionarias, que veían cerca la posibilidad de expedientes de regulación.
En otro orden de cosas, ha informado de que se ha dado luz verde a que los taxis ocupados puedan girar a la izquierda desde la calle Lagasca a la Gran Vía, previamente a la instalación de un semáforo en dicha intersección.
Asimismo, también se permitirá este mismo giro a los taxis ocupados, pero fuera de los horarios de circulación del tranvía, desde Corona de Aragón y Mariano Barbasán a Fernando el Católico, desde la Avenida Goya a Gran Vía y desde Pérez Anglada a Fernando el Católico, este último con posibilidad de que se permita durante todo el día en el futuro.
De este modo, se da respuesta a las reivindicaciones del colectivo y ponen en valor al taxi como "un transporte público más".
Por último, el Gobierno de la ciudad ha quedado enterado del informe sobre la lesividad en el pago de 2 millones de euros a Auzsa para pagar despidos efectuado por la corporación anterior.
Sin entrar a comentar el informe, elaborado por los servicios municipales, el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha considerado que dicha decisión fue "errónea" desde el punto de vista técnico y, además, supuso "un ataque a la clase trabajadora" al pagar con dinero público despidos privados.
A este respecto, Cubero ha instado a ser "muy cautelosos" hasta que el juicio se celebre, ya que ya hay un proceso abierto por una querella criminal presentada por el sindicato Somos.
Para que el Consistorio se persone en un contencioso-administrativo lo tendría que aprobar el Pleno, informe de lesividad en mano, ha señalado.
Por su parte, el portavoz municipal, Fernando Rivarés, ha separado la parte jurídica, que la determinará el juez, de la política.
En el aspecto político, ha tachado de "bastante obsceno" que, tres semanas después de las elecciones municipales y a solo 48 horas de la investidura de Pedro Santisteve, se reuniera de urgencia parte del Gobierno saliente para aprobar este pago.
Rivarés se ha preguntado cuál era la urgencia, el temor y la razón verdadera para tomar esa decisión en ese momento y ha acusado al anterior Gobierno socialista de intentar ocultar el verdadero sentido de los nuevos pliegos del transporte público, que suponían menos líneas, menos servicio y despidos, que luego tuvieron que ser readmitidos por decisión judicial.
Sobre la inclusión de altos funcionarios del Ayuntamiento en el proceso abierto ha manifestado que no tienen que tomar ninguna decisión al respecto hasta que no haya ninguna acusación pública.
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