Siempre se dice que para ser políticos no hace falta gran formación... porque es algo que no se contempla a la hora de la contratación. Un puesto de auxiliar administrativo tiene ciertas exigencias que los que nos gobiernan no tienen que cumplir. Nos encontramos con mucha frecuencia que aquellos que van en las filas no son expertos en la materia en la que son asignados. ¿Qué país es este? Obviamente, vemos actuaciones que incluso alguien con un par de dedicos en la frente, no haría... pero nuestros políticos meten la pata hasta el fondo... porque obviamente desconocen las labores y la reglamentación de sus departamentos. ¿Tenemos que seguir votando para tener incompetentes al frente de nuestros gobiernos? ¡Qué menos que alguien al frente de un departamento tenga formación al menos en una de las áreas para saber de lo que habla! Son los que gestionan nuestros impuestos... y deberíamos exigir tener profesionales al frente.
AD publica que una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza obliga al Ayuntamiento a la devolución de los 122.771 euros que le cobró de manera indebida a Puerto Venecia por el déficit que generan las líneas de autobús que llegan hasta el complejo comercial. El juez considera que, “de manera unilateral” y sin informar a la empresa, el anterior equipo de gobierno de la ciudad disparó “sin la más mínima justificación” el importe que le cobraba por las pérdidas que generan las líneas 31 y la C4, que son las que dan servicio hasta el centro de ocio y compras.
Los autobuses urbanos de Zaragoza llegan hasta Puerto Venecia desde que, en abril de 2009, el centro aceptara abonar el 50% de las pérdidas que genera el servicio desde la avenida Policía Local hasta el centro comercial hasta un máximo de 45.000 euros. El acuerdo se concretó meses después en un decreto que propició que entre 2009 y 2011 el complejo pagara esos 45.000 euros anuales al Ayuntamiento.
Con la apertura de la galería comercial en octubre de 2012, que se convirtió en uno de los grandes hitos en la creación de empleo en la historia reciente de la Comunidad y que multiplicó la cifra de visitantes, el Ayuntamiento cambió los criterios de cálculo de los costes para el último trimestre de ese año y el primero del siguiente. Como resultado, Puerto Venecia tuvo que pagar algo más de 36.000 euros que, proyectados a lo largo de ese año 2013, constituían una cifra ligeramente por encima de los 45.000 euros acordados como límite.
Sin embargo, un año después, la concesionaria del servicio informa de que las dos líneas que llegan al centro comercial generan un déficit de 122.771 euros al semestre, una circunstancia que dio lugar a que la concejal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, reclamara a Puerto Venecia la totalidad de ese importe.
En este sentido, la sentencia señala que el Ayuntamiento cambió el sistema y aplicó un déficit mucho más elevado “sin informes jurídicos, ni de Intervención, ni traslado a la parte para su audiencia”. El juez considera que el Consistorio cambió “unilateralmente” las condiciones del reparto del déficit lo que elevó la factura que debía abonar el centro comercial hasta los 122.771 euros que ahora el juzgado le obliga a reintegrar a Puerto Venecia.
Pendientes de un nuevo acuerdo
Además de anular la validez del decreto del anterior Gobierno de Zaragoza, la sentencia señala que se ha de volver a calcular la aportación que Puerto Venecia debe realizar por este concepto. Para ello hay una reunión pendiente entre la Gerencia del centro comercial y el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento para fijar cómo sufragar las pérdidas que generan las dos líneas que llegan hasta el complejo.
Los autobuses urbanos de Zaragoza llegan hasta Puerto Venecia desde que, en abril de 2009, el centro aceptara abonar el 50% de las pérdidas que genera el servicio desde la avenida Policía Local hasta el centro comercial hasta un máximo de 45.000 euros. El acuerdo se concretó meses después en un decreto que propició que entre 2009 y 2011 el complejo pagara esos 45.000 euros anuales al Ayuntamiento.
Con la apertura de la galería comercial en octubre de 2012, que se convirtió en uno de los grandes hitos en la creación de empleo en la historia reciente de la Comunidad y que multiplicó la cifra de visitantes, el Ayuntamiento cambió los criterios de cálculo de los costes para el último trimestre de ese año y el primero del siguiente. Como resultado, Puerto Venecia tuvo que pagar algo más de 36.000 euros que, proyectados a lo largo de ese año 2013, constituían una cifra ligeramente por encima de los 45.000 euros acordados como límite.
Sin embargo, un año después, la concesionaria del servicio informa de que las dos líneas que llegan al centro comercial generan un déficit de 122.771 euros al semestre, una circunstancia que dio lugar a que la concejal de Servicios Públicos, Carmen Dueso, reclamara a Puerto Venecia la totalidad de ese importe.
En este sentido, la sentencia señala que el Ayuntamiento cambió el sistema y aplicó un déficit mucho más elevado “sin informes jurídicos, ni de Intervención, ni traslado a la parte para su audiencia”. El juez considera que el Consistorio cambió “unilateralmente” las condiciones del reparto del déficit lo que elevó la factura que debía abonar el centro comercial hasta los 122.771 euros que ahora el juzgado le obliga a reintegrar a Puerto Venecia.
Pendientes de un nuevo acuerdo
Además de anular la validez del decreto del anterior Gobierno de Zaragoza, la sentencia señala que se ha de volver a calcular la aportación que Puerto Venecia debe realizar por este concepto. Para ello hay una reunión pendiente entre la Gerencia del centro comercial y el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento para fijar cómo sufragar las pérdidas que generan las dos líneas que llegan hasta el complejo.
Ahora, los ciudadanos tienen que compensar una mala práctica de alguien que, claramente, no era óptima para el puesto.
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