El Ayuntamiento de Zaragoza pasa de la huelga de autobús... y deja tirados en las paradas a los sacrificados usuarios que esperan a los autobuses que claramente, no cumplen las frecuencias...
Segun publica EPA, El rumbo del conflicto del bus es impredecible. Ayer el comité de empresa se mostró dispuesto a suspender la huelga. Un anuncio que durante unos segundos generó esperanzas de que, tras 120 días de paros --hoy 121--, el transporte público volviera a la normalidad. Pero no fue así porque los representantes de los trabajadores pusieron una condición difícil de aceptar: que el Ayuntamiento de Zaragoza financie durante 15 días la huelga del bus permitiendo a los usuarios viajar gratis, sin especificar la franja horaria. Una exigencia que generaría un coste de 2 millones de euros a las arcas públicas, es decir, a los bolsillos de los zaragozanos. El consistorio no tardó en decir que esta propuesta era "una auténtica barbaridad" además de "inasumible". Totalmente inasumible es la tortura que el Ayuntamiento está permitiendo... el castigo de los ciudadanos, que pagan billete, impuestos y demás... pero se ven castigados a llegar tarder al trabajo, a no poder acceder a los servicios que también pagan... e incluso, la ira está haciendo perder los papeles a más de un ciudadano, que sacan (no lo justifico, que quede claro) su agresividad contra los conductores.
El presidente del comité, Javier Anadón, criticó duramente al consistorio por su decisión. "No han reflexionado, parece más una respuesta de WhatsApp que de un Gobierno", cuestionó. Para Anadón, los responsables de Movilidad y Servicios Públicos, Teresa Artigas y Alberto Cubero, respectivamente, "han dejado con el culo al aire" al mediador municipal, el catedrático de Derecho del Trabajo Juan García Blasco, después de que respaldara su oferta. "Artigas y Cubero deberían ir pensándose su futuro político porque van de mal en peor". El representante de los trabajadores explicó que su propuesta tiene como objetivo "compensar los efectos de la huelga con el dinero que se ha ahorrado el ayuntamiento" con los kilómetros no realizados durante las horas de paro y que el consistorio deja de pagar. "Ese remanente de alrededor de 3 millones debe contribuir a solucionar el conflicto", concluyó.
Artigas y Cubero comparecieron tres horas después del anuncio, a las 17.00 horas, para responder al comité que el ayuntamiento no pagará su huelga. Aunque agradecieron el gesto de suspender los paros, aseguraron que su condición es "completamente inasumible" y "una auténtica barbaridad". Además, Cubero informó que hasta que no finalicen los paros y se tenga "una foto fija" de cuánto se ha ahorrado el consistorio --teniendo en cuenta la pérdida de usuarios--, no decidirán cómo y dónde se invierte el remanente en favor del ciudadano. Lo que es un auténtica barbaridad es que Artigas y Cubero no estén del lado de los pasajeros. Ellos, como responsables de un servicio subcontratado tendrían que estar sumidos en la vergüenza de tener un servicio 121 días en huelga.
La respuesta del Gobierno coincidió con las de CHA y Ciudadanos (C's). El portavoz nacionalista, Carmelo Asensio, insistió en la idea de que el consistorio no puede poner dinero público para solucionar un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. "Los problemas se resuelven sentándose a negociar", precisó. Alberto Casañal (C's) calificó de "chantaje" la propuesta de los trabajadores. "Si tanta buena fe tienen, que finalicen la huelga de manera definitiva".
Desde el PP, Jorge Azcón criticó que el equipo de Gobierno tomara una decisión sin consultárselo previamente a los grupos municipales. "A ZeC le da igual la opinión de los grupos", lamentó después de repetir que solo acudían a ellos cuando "se dan cuenta de que tienen problemas serios". Desde el PSOE, Lola Ranera, cuestionó que la condición de los trabajadores solo persiga convertir en "rehén al ayuntamiento" y, aseguró, "tiene difícil encaje jurídico, económico y político".
García Blasco, en cambio, valoró la decisión como "un paso trascendental y decisivo en la resolución definitiva del conflicto". Subrayó que, de este modo, se podría seguir negociando "sin presión" pero admitió que la exigencia no era fácil de aceptar.
Este no fue el único tema que hizo saltar chispas. Hace una semana que el Gobierno de ZeC se comprometió a presentar un decreto que incremente los servicios mínimos. Ayer entregaron el segundo informe de Movilidad sobre las consecuencias que están teniendo los paros en el número de usuarios.
Si la reunión con los portavoces de Movilidad fue a las 10.30, presentó el documento cinco horas y media después.
El encuentro tan solo duró 30 minutos y los grupos no recibieron el prometido decreto con los nuevos servicios mínimos. Según la concejala, todavía está pendiente el informe jurídico que permita compaginar "el derecho a huelga con el de Movilidad".
ZeC volvió a lograr que PP, PSOE, CHA y C's se unieran. Todos, sin excepción, criticaron que faltan informes, que el Gobierno había roto su promesa de presentar el decreto el miércoles y que estaban tratando de ganar tiempo. También coincidieron en sus exigencias: un incremento de los mínimos del 50% en toda la red con excepciones como las líneas de los barrios rurales, que serían del 100%, o de un 66% en aquellos sectores con una única línea o en las rutas del eje este-oeste al no tener la alternativa del tranvía, y, sobre todo, en aquellas que acercan a los usuarios a los centros médicos. Según Movilidad, el porcentaje de mínimos de los viajes por motivos obligados como "salud o estudios" deberían ascender hasta el 79,2%.
Segun publica EPA, El rumbo del conflicto del bus es impredecible. Ayer el comité de empresa se mostró dispuesto a suspender la huelga. Un anuncio que durante unos segundos generó esperanzas de que, tras 120 días de paros --hoy 121--, el transporte público volviera a la normalidad. Pero no fue así porque los representantes de los trabajadores pusieron una condición difícil de aceptar: que el Ayuntamiento de Zaragoza financie durante 15 días la huelga del bus permitiendo a los usuarios viajar gratis, sin especificar la franja horaria. Una exigencia que generaría un coste de 2 millones de euros a las arcas públicas, es decir, a los bolsillos de los zaragozanos. El consistorio no tardó en decir que esta propuesta era "una auténtica barbaridad" además de "inasumible". Totalmente inasumible es la tortura que el Ayuntamiento está permitiendo... el castigo de los ciudadanos, que pagan billete, impuestos y demás... pero se ven castigados a llegar tarder al trabajo, a no poder acceder a los servicios que también pagan... e incluso, la ira está haciendo perder los papeles a más de un ciudadano, que sacan (no lo justifico, que quede claro) su agresividad contra los conductores.
El presidente del comité, Javier Anadón, criticó duramente al consistorio por su decisión. "No han reflexionado, parece más una respuesta de WhatsApp que de un Gobierno", cuestionó. Para Anadón, los responsables de Movilidad y Servicios Públicos, Teresa Artigas y Alberto Cubero, respectivamente, "han dejado con el culo al aire" al mediador municipal, el catedrático de Derecho del Trabajo Juan García Blasco, después de que respaldara su oferta. "Artigas y Cubero deberían ir pensándose su futuro político porque van de mal en peor". El representante de los trabajadores explicó que su propuesta tiene como objetivo "compensar los efectos de la huelga con el dinero que se ha ahorrado el ayuntamiento" con los kilómetros no realizados durante las horas de paro y que el consistorio deja de pagar. "Ese remanente de alrededor de 3 millones debe contribuir a solucionar el conflicto", concluyó.
Artigas y Cubero comparecieron tres horas después del anuncio, a las 17.00 horas, para responder al comité que el ayuntamiento no pagará su huelga. Aunque agradecieron el gesto de suspender los paros, aseguraron que su condición es "completamente inasumible" y "una auténtica barbaridad". Además, Cubero informó que hasta que no finalicen los paros y se tenga "una foto fija" de cuánto se ha ahorrado el consistorio --teniendo en cuenta la pérdida de usuarios--, no decidirán cómo y dónde se invierte el remanente en favor del ciudadano. Lo que es un auténtica barbaridad es que Artigas y Cubero no estén del lado de los pasajeros. Ellos, como responsables de un servicio subcontratado tendrían que estar sumidos en la vergüenza de tener un servicio 121 días en huelga.
La respuesta del Gobierno coincidió con las de CHA y Ciudadanos (C's). El portavoz nacionalista, Carmelo Asensio, insistió en la idea de que el consistorio no puede poner dinero público para solucionar un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. "Los problemas se resuelven sentándose a negociar", precisó. Alberto Casañal (C's) calificó de "chantaje" la propuesta de los trabajadores. "Si tanta buena fe tienen, que finalicen la huelga de manera definitiva".
Desde el PP, Jorge Azcón criticó que el equipo de Gobierno tomara una decisión sin consultárselo previamente a los grupos municipales. "A ZeC le da igual la opinión de los grupos", lamentó después de repetir que solo acudían a ellos cuando "se dan cuenta de que tienen problemas serios". Desde el PSOE, Lola Ranera, cuestionó que la condición de los trabajadores solo persiga convertir en "rehén al ayuntamiento" y, aseguró, "tiene difícil encaje jurídico, económico y político".
García Blasco, en cambio, valoró la decisión como "un paso trascendental y decisivo en la resolución definitiva del conflicto". Subrayó que, de este modo, se podría seguir negociando "sin presión" pero admitió que la exigencia no era fácil de aceptar.
Este no fue el único tema que hizo saltar chispas. Hace una semana que el Gobierno de ZeC se comprometió a presentar un decreto que incremente los servicios mínimos. Ayer entregaron el segundo informe de Movilidad sobre las consecuencias que están teniendo los paros en el número de usuarios.
Si la reunión con los portavoces de Movilidad fue a las 10.30, presentó el documento cinco horas y media después.
El encuentro tan solo duró 30 minutos y los grupos no recibieron el prometido decreto con los nuevos servicios mínimos. Según la concejala, todavía está pendiente el informe jurídico que permita compaginar "el derecho a huelga con el de Movilidad".
ZeC volvió a lograr que PP, PSOE, CHA y C's se unieran. Todos, sin excepción, criticaron que faltan informes, que el Gobierno había roto su promesa de presentar el decreto el miércoles y que estaban tratando de ganar tiempo. También coincidieron en sus exigencias: un incremento de los mínimos del 50% en toda la red con excepciones como las líneas de los barrios rurales, que serían del 100%, o de un 66% en aquellos sectores con una única línea o en las rutas del eje este-oeste al no tener la alternativa del tranvía, y, sobre todo, en aquellas que acercan a los usuarios a los centros médicos. Según Movilidad, el porcentaje de mínimos de los viajes por motivos obligados como "salud o estudios" deberían ascender hasta el 79,2%.
Indudablemente, incrementar los servicios mínimos es necesario... pero lo que es necesario es que esta huelga inaceptable termine de una vez por todas... ¿Por qué Empresa, Comité y Ayuntamiento no se encierran en una sala y no salen hasta que haya fumata blanca? Eso... es querer solventar el problema. Lo demás... Tomadura de pelo de todos.
Los ciudadanos estamos HARTOS ya. Los políticos que tanto presumen de cambio... son tan malos como los de antes. Al final... todos entran en el mismo saco. Se sientan en su sillón, cobran.. y se olvidan del ciudadano.
1 comentario:
Publicar un comentario